Servicio integral de ingeniería para regularizar sus instalaciones frigoríficas y adaptarlas a la legislación vigente, garantizando seguridad y eficiencia con el mínimo impacto en su operativa.
El sector de la refrigeración industrial ante un panorama regulatorio cambiante
Las instalaciones frigoríficas existentes se enfrentan a un marco normativo cada vez más exigente, especialmente en materia de seguridad, eficiencia energética e impacto ambiental. Numerosas plantas construidas bajo reglamentos anteriores requieren adaptaciones para cumplir con la legislación actual.
El Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas (RD 552/2019) establece requisitos más estrictos en materia de seguridad, documentación y control de las instalaciones.
La regulación EU 517/2014 y su modificación establecen un calendario de reducción de refrigerantes con alto potencial de calentamiento global (GWP) que afecta a instalaciones existentes.
La normativa exige mejoras en la eficiencia de los sistemas de refrigeración, requiriendo auditorías y planes de mejora para instalaciones industriales.
El incumplimiento normativo puede conllevar importantes sanciones económicas, paralización de actividad e incluso responsabilidades penales para los titulares.
Soluciones integrales para cada fase del proceso de regularización
Diagnóstico completo del estado actual
Documentación técnica y administrativa
Implementación de modificaciones necesarias
Enfoque sistemático para garantizar resultados óptimos
Respuestas a las dudas más comunes sobre legalización de instalaciones
No todas las instalaciones requieren una adaptación completa. El RD 552/2019 establece diferentes requisitos según la antigüedad y características de la instalación. Instalaciones anteriores al reglamento pueden mantener sus condiciones originales siempre que cumplan los requisitos básicos de seguridad y no se realicen modificaciones sustanciales. Sin embargo, aspectos como la gestión documental, control de fugas, y uso de determinados refrigerantes sí son de obligado cumplimiento para todas las instalaciones independientemente de su fecha de construcción.
La normativa F-Gas (Reglamento UE 517/2014 y su modificación) establece diferentes plazos según el tipo de instalación y el PCA (Potencial de Calentamiento Atmosférico) del refrigerante utilizado. Desde 2020 está prohibido el uso de refrigerantes con PCA>2500 en sistemas nuevos y para mantenimiento de equipos con carga superior a 40 toneladas equivalentes de CO₂. Hay prohibiciones adicionales programadas para 2025 y 2030. Es importante analizar cada instalación individualmente para determinar los plazos aplicables y planificar adecuadamente la transición a refrigerantes alternativos.
La falta de documentación original es una situación común en instalaciones antiguas. Para estos casos, realizamos un proceso de reconstrucción documental basado en trabajo de campo e ingeniería inversa: 1) Levantamiento completo de la instalación actual, 2) Recálculo y redimensionamiento según parámetros actuales, 3) Elaboración de nuevos planos y esquemas de principio, 4) Desarrollo de memoria técnica adaptada a la normativa vigente, y 5) Gestión de legalizaciones ante organismos competentes. Este proceso permite obtener toda la documentación necesaria para cumplir con los requisitos reglamentarios actuales.
Sí, uno de nuestros objetivos prioritarios es minimizar la interferencia con la actividad productiva del cliente. Para ello: 1) Planificamos las intervenciones técnicas en coordinación con los ciclos productivos, 2) Priorizamos actuaciones que puedan realizarse sin afectar a la operativa, 3) Diseñamos soluciones temporales durante intervenciones críticas, y 4) Implementamos las modificaciones por fases cuando es posible. En muchos casos, conseguimos completar procesos de legalización con mínimas o nulas paradas productivas, especialmente cuando se planifica con suficiente antelación para incorporar las actuaciones al mantenimiento programado.
Las consecuencias del incumplimiento normativo pueden ser múltiples: 1) Sanciones administrativas que pueden llegar a 100.000€ para infracciones graves en materia de seguridad industrial, 2) Paralización temporal o definitiva de la actividad hasta la regularización de la instalación, 3) Responsabilidad civil o penal para los titulares en caso de accidentes relacionados con deficiencias normativas, 4) Problemas con compañías aseguradoras, que pueden denegar cobertura o incrementar significativamente las primas, 5) Limitaciones para obtener certificaciones de calidad (ISO, IFS, BRC) fundamentales para la comercialización de productos en determinados mercados, y 6) Dificultades para acceder a subvenciones y ayudas para mejoras industriales.
Nuestro equipo técnico evaluará su situación particular y le propondrá la mejor solución
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